Las Cortes deciden sobre un referéndum en Cataluña

La mayoría de los grupos parlamentarios del Parlamento catalán realizan la petición oficial al Congreso español para que se autorice la consulta catalana. Algunos diputados del PSC también asistirán para apoyar la medida, en clara discrepancia con la posición de su dirección. Hasta aquí todo sigue el curso legal reglamentario. El problema surge con la negativa prevista del gobierno del PP, apoyado en la connivencia del PSOE y el PSC. La democracia reglamentada legal según la Constitución coronada de 1978, con la interpretación del PP en el gobierno y el PSOE en la oposición, va a sufrir un choque con la legitimidad social, ciudadana y cívica del proceso de empoderamiento y soberanía catalana. El epicentro del problema se sitúa en la calidad democrática del Reino de España, en este caso en la exclusión de toda nación que no sea la española. En la Carta de La Aurora se aborda esta cuestión democrática y nacional.

Votar y decidir. Hoy 8 de abril, el Parlamento español debatirá la propuesta del Parlament catalán de que se autorice un referéndum en Catalunya.
El gobierno ya ha declarado que se opondrá. Hará lo mismo el PSOE de Rubalcaba, que se muestra incapaz de tener una política diferenciada del PP, y UPyD. Por contra, han anunciado su voto favorable Izquierda Plural, ERC, CiU, BNG y Bildu.
A nadie se le escapa la importancia de esta sesión parlamentaria. Una importante mayoría del pueblo catalán ha expresado en grandes movilizaciones su decidida voluntad de ejercer el derecho a decidir su propio futuro y su relación con el resto de pueblos de España.
Es un derecho democrático reconocido por la ONU y por todos los foros internacionales y, sin embargo, la mayoría del Parlamento español está dispuesta a negarlo, a no reconocer la soberanía del pueblo catalán.
Quienes se oponen argumentan que Catalunya no tiene derecho ni capacidad para decidir, que esa decisión depende del conjunto de los pueblos que hoy componen España. Eso es lo que dice la actual Constitución, que también habla de la indisolubilidad de la nación española.

Pero es evidente que existe una contradicción entre el deseo del pueblo catalán y la actual Constitución de la Monarquía, las encuestas hablan de cerca de un 80% a favor de votar para decidir.
Es una contradicción que se extiende a muchos terrenos, pues también habla del derecho al trabajo con casi 6 millones de parados; o del derecho a una vivienda cuando se han desahuciado a miles de familias; o de una salud y educación pública mientras se las recorta y privatiza.
Si el PP y el PSOE cambiaron la Constitución de la noche a la mañana para garantizar que cobren los acreedores, también se puede modificar para que el pueblo catalán, u otros pueblos de España, puedan ejercer un derecho democrático.
No es sólo un problema entre Catalunya y España. Es un problema democrático entre el deseo de un pueblo de decidir y la negativa antidemocrática de un régimen en crisis política y social.

Interesa a toda la clase trabajadora, resida en Madrid, Sevilla, Barcelona o Bilbao. La unidad de la clase trabajadora contra el gobierno del PP, contra sus políticas neoliberales y sus recortes de derechos y libertades exige la defensa de todos los derechos democráticos.
El derecho del pueblo catalán a decidir también puede ser un paso para liberarse del gobierno del PP, de sus políticas antisociales y del actual régimen monárquico.
El PP y el PSOE quieren indisponer a España contra el pueblo catalán. La libertad y la democracia es que los pueblos decidan y una vez hayan votado puedan establecer las mejores y más libres relaciones, y no relaciones impuestas o no deseadas.
Esto es lo que hoy se debate en el Parlamento. La Izquierda Plural será la única fuerza política de ámbito estatal que defenderá ese derecho democrático.